Para el Ecuador la conservación y el uso sostenible del medio marino y costero reviste especial importancia dado que constituye una de los recursos de mayor importancia económica y por su aporte al desarrollo del país.
Alrededor del 50% de las exportaciones y un 25% del PIB (1998) provienen del mar y de las costas adyacentes. Aproximadamente la mitad de la población ecuatoriana vive del mar (pesca pelágica, demersal, migratoria y artesanal; industrias turística, acuícola y agrícola). En la zona costera se hallan 1.480 km2 de manglar, vegetación de especial importancia para la conservación de la biodiversidad y sustento de la industria camaronera.
En la zona insular se encuentra un recurso único en el mundo como es el Parque Nacional Galápagos, declarado Patrimonio de la Humanidad. (Ver Patrimonio Mundial). De acuerdo con la Ley de Régimen Especial para Galápagos (11 de marzo de 1998), cuenta con un área de reserva marina que comprende las aguas interiores entre las islas y una franja hasta una distancia de 40 millas contadas desde las líneas de base utilizadas para medir la anchura del mar territorial.
El mar también es objeto de preocupación para el Ecuador por su influencia sobre el clima y el ciclo hidrológico.
El medio ambiente marino y costero sufren la presión del desarrollo y del crecimiento demográfico (2.3% al año), por el desequilibrio en el uso de los recursos y por el impacto ocasionado por la contaminación terrestre y marítima.
Aunque el Ecuador no ratifica aún la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las actividades marítimas y sus acciones ambientales se guían por los principios y normas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en materia de investigación científica marina, explotación de recursos marinos vivos, conservación del medio ambiente marino, costero e insular y contaminación marina.
El Ecuador reconoce, igualmente, que el medio marino es un componente esencial del sistema mundial de sustentación de la vida y un valioso recurso que es necesario mantener, de conformidad con los principios y orientaciones de la Agenda 21, con las limitaciones propias de un país en desarrollo.
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